El PP siempre dice una cosa, y luego hace lo contrario. Y aquí tenemos otro ejemplo más de ello. El PP se ha llenado la boca durante la campaña electoral y durante la elaboración de los presupuestos con mensajes de reducción de cargos de confianza para, una vez llegados al poder, no sólo mantengan los cargos sino que les suban el sueldo a algunos y creen otros nuevos.
El pasado 2 de enero, el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria aprobó la creación de un puesto de trabajo eventual (término que reciben los cargos de confianza no directivos en la administración) denominado «Asesor de Política Territorial», destinado en la Consejería del ramo y con unas retribuciones brutas anuales de 42.500 €.
Igualmente, se decidió subir el sueldo en 5.500 € brutos más anuales a otro cargo de confianza, el «Coordinador de Solidaridad» adscrito a la Consejería de Empleo. Los titulares actuales de dichos puestos tomaron posesión el 9 de enero, la Asesora de Política Territorial, y el 12 de enero, el Coordinador de Solidaridad.
Por tanto, ambos acuerdos se tomaron en un tiempo intermedio, sin que estuvieran previstos en el presupuesto inicial y antes de la aprobación definitiva del mismo -el 31 de enero-, en el cual, por cierto, no existe referencia alguna a los mismos.
Posteriormente, el 25 de enero, el Consejero Viceportavoz del Grupo Socialista, Augusto Hidalgo, solicitó por escrito los expedientes de nombramiento de ambos trabajadores, junto con el de otro realizado a mediados de diciembre. La respuesta de la Consejera de Recursos Humanos del Cabildo, Doña Auxiliadora Pérez, el 31 de enero, fue la de comunicarnos que «se pondrá a su disposición en cuanto dispongamos de ella». No se entiende la respuesta, salvo que tenga algo que ocultar, por cuanto para su aprobación por el Consejo de Gobierno tiene que estar el expediente completo.
El presupuesto insular, aprobado por el Pleno de la Corporación, prevé la existencia de 46 cargos de confianza, entre personal directivo y eventual, con un coste global de 2.304.147,44 €. A los que debemos empezar a sumar los nuevos nombramientos, que han comenzado, más los aumentos de retribuciones previstos o no por este Gobierno.
Los socialistas nunca hemos criticado la existencia de estos puestos, como sí hizo el PP en campaña electoral. Pero no podemos permanecer impasibles ante el posible descontrol legal a la hora de crearlos o modificarlos. Consideramos estas decisiones arbitrarias y nulas de pleno derecho.
De conformidad con la legislación vigente, dichas resoluciones son nulas al haber sido aprobadas en un órgano no competente para ello, esto es, el Consejo de Gobierno y no el Pleno, y al haber sido tramitadas en un momento no previsto para esto por la Ley de Bases de Régimen Local, que exige que estos acuerdos se realicen al principio del mandato o durante la elaboración de los presupuestos.
El Gobierno de Bravo de Laguna nos está haciendo trampas. No se puede tramitar creaciones de puestos de cargos de confianza fuera del alcance del control de la oposición. La norma estableció que estas decisiones se tomaran en Pleno y sólo en el momento de la elaboración de los presupuestos, para controlar la arbitrariedad implícita y amplia discrecionalidad que suponen este tipo de expedientes.
Con decisiones como éstas, no sólo se alejan del texto de la Ley, sino que, al hurtar el debate a la oposición, puede que ya hayan procedido al nombramiento de más cargos de confianza en estos dos meses y nos enteremos cuando nos lleguen las actas, a toro pasado, del Consejo de Gobierno, y con los nombramientos realizados, como es el caso.