El PP sigue castigando a Canarias. Ese castigo ahora viene en forma de certificado de residencia. Es una humillación para los canarios que se haya aprobado una iniciativa en el Senado que deja en el aire la posibilidad de seguir subvencionando a lo/as canarios/as con el 50% del coste del precio de los billetes.
Hoy hemos registrado una moción –que debatiremos en el Pleno Ordinario de septiembre- para exigir la suspensión de la exigencia del certificado de residencia y para que se garantice la continuidad de la actual bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
A través de esta iniciativa, en primer lugar instamos al Ministerio de Fomento la aplicación inmediata del artículo 3 del Real Decreto 1316/2001 en cuanto a que el documento acreditativo de la residencia para los ciudadanos españoles será el documento nacional de identidad y hasta tanto no esté en funcionamiento un sistema informático que permita acreditarla de manera telemática y sin necesidad de llevar el certificado en mano al embarcar. En segundo lugar, solicitamos al Gobierno de España que garantice la continuidad de la actual bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Baleares y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
No podemos olvidar que en el anterior Gobierno de España, con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, incrementó las subvenciones al transporte de pasajeros desde un 33% a un 50%. En menos de un año de gobierno el PP quiere tirar por tierra los logros conseguidos. No vamos a permitir que siga castigando a Canarias y que nos sigan atropellando de esta manera.
Vivimos a miles de kilómetros de la Península. Ello limita mucho nuestros desplazamientos al territorio nacional. El hecho de que peligren las subvenciones al transporte sitúa a los canarios en una situación límite. La ciudadanía no va a entender que, con las dificultades que estamos atravesando ahora, encima tengamos que pagar más por nuestros desplazamientos. Nunca para Canarias tener un Ministro canario ha salido tan caro. Son demasiados los castigos que le está ocasionando a Canarias, y ahora este auténtico mazazo en el caso de que se viera aminorada las subvenciones al transporte de pasajeros.
PGE
Los Presupuestos Generales del Estado 2012 (PGE), que entraron en vigor tardíamente, fueron publicados en el BOE el pasado 30 de junio, contienen los programas 441N y 441O, del Ministerio de Fomento, de ejecución anual y denominados “Subvenciones y apoyo al transporte marítimo” y “Subvenciones y apoyo al transporte aéreo”. Dichos programas recogen unas medidas de importancia estratégica para garantizar la cohesión territorial y el equilibrio entre Comunidades Autónomas; medidas que de forma reiterada y con toda normalidad venían aplicándose en cada ejercicio presupuestario al conjunto de la población de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Baleares y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, promoviendo con ello la vertebración del territorio y el desarrollo económico y social de las regiones y ciudades favorecidas con dicha subvención.
Las ayudas contenidas en estos programas facilitan la movilidad de la ciudadanía residentes en Canarias en sus desplazamientos hacia o desde el resto del territorio nacional, atendiendo tanto a la lejanía como al hecho insular reconocidos en nuestro Estatuto de Autonomía, incluyendo tanto los enlaces con la Península como las conexiones interinsulares.
Dichas bonificaciones se materializan mediante la subvención de una parte del precio del billete del transporte marítimo y aéreo de los residentes, contribuyendo así tanto al desarrollo económico y social interior de Canarias como al acercamiento de nuestra Comunidad Autónoma, altamente dependiente de esos modos de transporte, con el resto del territorio nacional, cuyos efectos positivos desde el punto de vista social, político, cultural y económico, son inestimables.
Sin embargo, los programas contenidos en los vigentes PGE se insertan en un nuevo Plan estratégico del Ministerio de Fomento 2012-2024 que, aunque dice tener como “objetivo general, como gran línea estratégica, garantizar la cohesión territorial y el equilibrio entre Comunidades Autónomas”, modifica lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1316/2001 en cuanto que “el documento acreditativo de la residencia para los ciudadanos españoles será el documento nacional de identidad” y establece la “exigencia del certificado de empadronamiento en vigor como requisito de acreditación de residencia” mediante la disposición transitoria octava de los PGE.
Esta modificación -que se pretende justificar en supuestos fraudes, aún sin cuantificar, en la acreditación del domicilio habitual- viene causando notables perjuicios a la ciudadanía de Canarias y al normal funcionamiento de los servicios municipales de atención al público, que tanto en Gran Canaria como en otras islas se ven colapsados ante el desmesurado incremento de la demanda de gestión de trámites de emisión de certificados de residencia.
Si bien los PGE contemplan “desarrollar criterios adicionales que permitan mejorar la acreditación de la residencia” y fuentes del Ministerio de Fomento informan sobre la futura implantación de un nuevo “sistema telemático que permitirá a las agencias conectar con los datos en posesión del INE y el Ministerio del Interior”, la Ministra Pastor sigue sin poner fecha a la implantación de un sistema informático que permita acreditar la residencia de manera telemática y sin necesidad de llevar el certificado en mano al embarcar. Mientras tanto, el trato degradante y discriminatorio que vienen sufriendo en puertos y aeropuertos los residentes canarios supone una intolerable humillación para quienes se ven criminalizados por ejercer su derecho.
El último capítulo de esta lamentable situación se acaba de escribir en el Senado, donde con los votos del Partido Popular y la oposición de los demás grupos políticos se ha aprobado una moción que rectifica lo dispuesto en los PGE, condicionando y poniendo en riesgo la continuidad de la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Baleares y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.