Hace unos días nos reunimos con un grupo de personas que desarrollan su actividad en el sector de la economía social. El encuentro fue muy interesante y gratificante. Al mismo asistieron una docena de entidades desde empresas como el grupo Global, a entidades del tercer sector social como la ONCE o COCEMFE (discapacitados), pasando por otras dedicadas a la cooperación internacional como la Fundación Farrah, que trabaja con mujeres en Senegal.
Cada una de ellas tienen misiones y actividades diferenciadas, pero todas tienen unos principios comunes. ¿De qué principios estamos hablando? ¿Cuáles son los rasgos comunes sobre los que se sustentan las políticas de apoyo al sector de la economía social?
Para responder a estas preguntas, nada mejor que acudir a la Ley de Economía Social, que se ha aprobado recientemente y que entrará en vigor a finales de abril. Es una norma pionera en Europa y refleja el compromiso de los socialistas y del resto de los grupos con la economía social, pues se aprobó por unanimidad. En su artículo 4, se establecen los principios orientadores de las entidades de la economía social:
a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
d) Independencia respecto a los poderes públicos.
En las Islas existen cerca de 1.000 empresas de economía social que emplean a unos 9.000 trabajadores y facturan 1.700 millones de euros, lo que representa el 4 por ciento del PIB de las Islas, mientras que en el conjunto de España facturan 110.000 millones de euros anuales. Es un hecho que la implantación de las empresas de economía social en nuestra región no alcanza el desarrollo de otras comunidades, como el País Vasco o Cataluña donde además de un potente tercer sector existe una articulación de las entidades en organizaciones que las agrupan, integran sus conocimientos y experiencias y actúan como interlocutores con la administración. Una referencia imprescindible de ese nivel de organización es La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Cataluña.
En la reciente reunión también advertimos que la economía social aporta valores al conjunto de la sociedad, como el compromiso personal, la actitud emprendedora, la imaginación y el riesgo, la responsabilidad y el compromiso. Y aquí reside su gran fortaleza para ensanchar el futuro y abrir yacimientos de crecimiento económico, de empleo, de prosperidad y de mejora social.
Este encuentro ha sido sólo un primer paso. Vamos a seguir en contacto, porque nuestra apuesta por la economía social es firme y quiere expresarse en la realización de una reflexión conjunta que sea la base del diseño y la aplicación de políticas que promuevan la expansión y consolidación de este sector.