Hasta el año 2010, las mujeres que querían abortar cometían un delito; se criminalizaba a la mujer que quería abortar y a los profesionales que realizaban esta práctica. En el año 2010, las Cortes Generales, a propuesta del PSOE, aprobó una ley para introducir el derecho del aborto como un derecho de las mujeres que garantizaba la seguridad desde el punto de vista de la salud, y desde el punto de vista jurídico de las personas que lo practicaban.
Ahora el PP quiere situar a la mujeres de este país en tiempos jurásicos. Una vez más pretende que sean los poderes públicos los que decidan sobre la maternidad de las mujeres. Nos oponemos a que España se sitúe a la cola en la defensa de los derechos de las mujeres.
Los socialistas en el Cabildo de Gran Canaria ya presentamos una moción al Pleno en julio del pasado año sobre el anunció de Ruiz Gallardón de modificar la Ley, iniciativa que contó con el voto en contra del PP.
Hoy, PSC-PSOE, NC y CC en el Cabildo de Gran Canaria hemos dado a conocer una moción conjunta que defenderemos en el próximo pleno del lunes para pedir al Gobierno de España la paralización de la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
La Plataforma ‘Yo decido’ nos realizó esta petición y la hemos asumido completamente, porque consideramos que la reforma de Ley pretendida por el Ministro Gallardón supone un paso atrás y un gran retroceso en cuanto a los derechos y las libertades de las mujeres.
Según los datos de ACAI (Asociación de Clínicas Autorizadas para la Intervención del Embarazo), se quedarían fuera de este derecho a decidir más de 100.000 mujeres en España.
Este cambio supondrá que las mujeres con embarazos no deseados que no tengan suficientes recursos económicos, volverán a poner en peligro sus vidas recurriendo a abortos clandestinos y las que cuenten con medios, se verán, como antes, obligadas a viajar a otros países para poder abortar.
Asimismo, las mujeres no van a poder decidir sobre su maternidad, porque necesitarán el permiso de un o una profesional o, en el caso de las menores de edad, de un tutor o tutora para poder interrumpir su embarazo.
La inseguridad jurídica volverá para el personal sanitario y para las mujeres, que se pueden ver implicados, como antes, en múltiples procesos judiciales condenatorios; y se suprimirá el supuesto de malformación fetal, en un momento como el actual, donde hay un aporte cero a la Ley de Dependencia.
A esto se añade el RDL 16/2012 por el que se niega el derecho a la salud a las personas indocumentadas. Hasta ahora el 40% de los abortos que se realizan son de mujeres inmigrantes.
Este cambio propuesto por el PP significa también que se endurecerán los requisitos para acceder al supuesto de riesgo para la salud física y psíquica de la gestante. Y que se negará la posibilidad de que las jóvenes de edades entre 16 y 18 años, puedan decidir en algo que afectará por entero su futuro, volviéndose a regular la edad de consentimiento en 18 años. Lo que aumentará la posibilidad de acceso a prácticas de riesgo y volverá a darse la paradoja de que las chicas entre 16 y 18 años podrán casarse, tener hijos e hijas, pero no podrán decidir no tenerlos.