Hoy hemos debatido, y mucho, sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias, a raíz del proyecto de Real Decreto Ley del Sr. Soria, en un Pleno Extraordinario solicitado por todos los grupos políticos de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria. Hoy hemos vuelto a decir un NO rotundo, alto y claro a las prospecciones petrolíferas en las Islas.
La prioridad energética de Canarias debe centrarse en el desarrollo de las fuentes energéticas limpias y renovables, hoy paralizadas por el Gobierno de España. Como ya hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, consideramos que es preciso que no se lleve a cabo iniciativa alguna en materia de permisos de investigación, autorizaciones y concesiones petrolíferas, sin el acuerdo social y político de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Es necesario paralizar y archivar el expediente por el que se otorgaron a Repsol Investigaciones Petrolíferas SA los permisos de investigación de hidrocarburos en el Océano Atlántico frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, mediante el RD 1662/2001, permisos anulados por el TS en 2004.
Es necesario no otorgar nuevas autorizaciones para la realización de actividades de investigación y prospecciones petrolíferas en las costas canarias hasta que no se apruebe y entre en vigor el Reglamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y gas mar adentro, actualmente en tramitación.
Creemos que existen irregularidades constatadas en el borrador del R.D. 2012, y por eso, entendemos que el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares afectados están obligados a emprender las acciones oportunas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y de la sentencia que en su día emitió el Tribunal Supremo.
Es necesario que se inicien las acciones de negociación y las que resulten necesarias para parar el intento de convalidación del RD y preservar nuestro medioambiente, garantizar nuestra principal industria turística y garantizar el interés público de Canarias.
Para entender el tema a fondo debemos remontarnos al año 2001, cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó el R.D. 1462/2001, por el que se otorgaban los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1, Canarias 2, Canarias 3, Canarias 4, Canarias 5, Canarias 6, Canarias 7, Canarias 8 y Canarias 9, en el Océano Atlántico frente a las costas de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote. La autorización concedida otorgaba a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A permisos por un periodo de 6 años, pudiendo distinguirse dos fases en esas autorizaciones una fase inicial de obtención de datos, sísmicos principalmente y que se corresponde con los dos primeros años; y una segunda fase, durante los cuatro siguientes, de realización de labores de perforación del subsuelo marino, con la autorización de dos pozos de petróleo.
Dicho R.D fue recurrido por el Cabildo de Lanzarote y la Agrupación Insular del Partido Socialista Canario en Lanzarote, ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia anuló los compromisos y programas de investigación correspondientes a los años tercero a sexto, cuando ya comenzaban las perforaciones, por no haberse determinado expresamente las medidas de protección ambiental. Así dice literalmente la sentencia «Llevan razón la partes demandantes cuando resaltan las deficiencias de la solicitud… Sería esperable que para una actividad …cuya importancia económica general no es necesario subrayar, la solicitud del permiso de investigación contuviese un proyecto más completo y no a referencias mínimas, a un mero calendario de actuaciones (plan de labores) y a una escueta previsión de inversiones, pero no contiene especificaciones técnicas… No se mencionan las medidas medioambientales ni el plan de restauración adecuado…”.
Y la sentencia va a más y dice que «el Gobierno no ignoraba esta obligación ya que a pregunta del Senador de CC, el Vicepresidente y Ministro de Economía le contestó, «que si lo que le preocupaban eran los problemas medioambientales que la extracción pudiera provocar, la normativa aplicable contempla el respeto a los temas ambientales y a las necesidades ambientales». Por tanto, seguía diciendo el Sr. Rato, «cuando el Gobierno tome su decisión, ésta contendrá las especificaciones necesarias para que haya todo tipo de garantías ambientales.»
Evidentemente, el Gobierno de Aznar dijo una cosa e hizo otra, como así puso de manifiesto el TS.
Ahora, 11 años después, con un Gobierno nuevamente del PP, el Ministerio de Industria, esto es, el Sr. Soria, pretende imponer en Canarias las prospecciones petrolíferas, mediante la convalidación del mismo R.D que anuló el Tribunal Supremo y con efectos retroactivos al momento en que se dictó el anterior, sin tener en cuenta que, en primer lugar, desde el año 2001 hasta ahora el marco jurídico y las circunstancias han variado considerablemente. Así, la ley de Hidrocarburos se modificó en el 2007, ley a la que el Gobierno de Canarias tiene planteado un conflicto de competencias ante el TC y curiosamente fue el Sr. Soria quien encabezó este recurso por injerencia en las competencias autonómicas, y también se ha aprobado la Ley 44/2010, de Aguas Canarias.
En segundo lugar, la isla de Lanzarote ha sido declarada Reserva de la Biosfera. En tercer lugar, se localizan en esas zonas importantes poblaciones de especies vegetales y animales marinos protegidos por directivas europeas. En cuarto lugar, Canarias ha sido declarada Zona Marina de Especial Sensibilidad, por la Organización Marítima Internacional. En quinto lugar, sigue sin establecerse en el R.D que se quiere convalidar, las previsiones acerca de la gestión de residuos sólidos y líquidos, el plan de contingencia-monitoreo y las previsiones de restauración; y para finalizar, las repercusiones sobre la principal actividad económica de Canarias, el turismo. Incluso la Federación Internacional de Turoperadores ha advertido del riesgo que puede representar para el turismo este tipo de actividades, pero esto no parece interesarle al PP.
El Gobierno de Rajoy, con Soria de Escudero, pretende imponer las prospecciones petrolíferas, no ya sin tener en cuenta la sentencia del TS, no ya sin tener en cuenta los cambios sustanciales y jurídicos expuestos, sino sin tener en cuenta a los canarios, ni a su Gobierno ni a sus Cabildos y con una desconsideración ciertamente despreciable, pues ése es el calificativo que merecen las palabras de Soria al afirmar que no le preocupa la reacción de las Instituciones Canarias.
Y otro dato, el RD anulado sólo preveía la exploración de dos pozos y el nuevo contempla al menos dos, lo que podría ser un número ilimitado.
Nos preocupa que, de llevarse a cabo el Real Decreto de 2012 en los términos que se pretenden, y de obtener el Gobierno de Canarias y los Cabildos y los grupos ecologistas recurrentes una sentencia favorable a la paralización de las prospecciones, pudiéramos estar ante una posible indemnización multimillonaria a la compañía. Vamos para entendernos, ante otra Gran Marina….
El Gobierno del Sr. Rajoy y el Sr. Soria gobiernan sin tener en cuenta los principios constitucionales de cooperación, colaboración y máximo respeto a los distintos territorios que conforman la España plural y autonómica. Gobiernan desde la desconsideración más absoluta, a la realidad canaria, con nuestras potencialidades de sol y viento, a nuestra principal fuente de ingresos como es el turismo, a la normativa aplicable, a la autonomía consagrada constitucionalmente y a la ciudadanía canaria. Con imposiciones no se gobierna, sólo se confronta. Para cualquier asunto, pero para éste especialmente se precisa consenso entre todas las instituciones e información veraz y transparente a la ciudadanía.
Por todo ello, hoy hemos pedido en este Pleno extraordinario que se paralice su tramitación.