Un mazazo para la diversificación económica de este país. Eso es lo que supone el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. La decisión de Soria está siendo drástica y descabellada para Canarias.
Y para todo el territorio español, teniendo en cuenta que España es un país líder en la producción de energía termosolar; que es el tercer país del mundo en potencia eólica; y que en el año 2010 el 35% de la electricidad generada en España fue con energías renovables.
Mientras toda Europa apuesta por el desarrollo de las renovables, Rajoy paraliza su desarrollo en España y apuesta por las nucleares. Justo al revés. Un dato demoledor que sitúa a España fuera del epicentro de los líderes mundiales de energías renovables.
El estreno del Gobierno de Rajoy está siendo terrorífico por la adopción de medidas que en su inmensa mayoría, poco tienen que ver con la situación del país y más con un ajuste ideológico sin precedentes. Entre esas medidas se encuentra esta supresión de las primas a las renovables, sin tener en cuenta que en Canarias, la generación de energía eléctrica por renovables no alcanza el 10%; y que, al ser sistemas eléctricos aislados y de reducido tamaño, se estima que el coste de producción de energía eléctrica en régimen ordinario es más del doble que en la Península, y de ahí que el extracoste se financie en los Presupuestos Generales del Estado.
Por todo ello, desde el Grupo Socialista hemos instado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la revisión del RD referido, estableciendo un régimen específico para Canarias que exceptué a Canarias de lo dispuesto en el mismo.
El Real Decreto Ley 1/2012 supone, por tanto, la paralización legal del desarrollo de las energías renovables en España y tendrá graves consecuencias en un sector que se ha demostrado como el que más empleos genera por megawatio producido, afectando gravemente a las posibilidades de recuperación económica del país.
Y de manera singular, en Canarias frena el desarrollo diseñado por la Comunidades Autónomas de Canarias, como consecuencia de la asignación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 600 MW de potencia eólica. Además, no hay ningún parque eólico autorizado, y el PP tiene mucho que ver.
En primer lugar, la medida adoptada cercena radicalmente sus aspiraciones en materia de energías renovables de Canarias. El Real Decreto-Ley ignora que Canarias es el único sistema eléctrico aislado de España, compuesto a su vez por seis sistemas independientes (Lanzarote y Fuerteventura están conectados entre sí), y que actualmente dispone de una penetración de renovables del 6% cuando en el territorio peninsular la penetración ronda un 30%. Actualmente la potencia de generación mediante renovables instalada en Canarias es muy inferior a la prevista en el Plan Energético de Canarias para el 2015 de 1025 MW.
En segundo lugar, el Real Decreto Ley pone en peligro la inminente inversión correspondiente a aproximadamente 600 MW de generación mediante renovables que se iban a desarrollar en Canarias a raíz de la adjudicación de potencia del concurso eólico 2007, e instalaciones fotovoltaicas en trámite de inscripción en el registro de preasignación.
El Real Decreto Ley ignora que la Administración del Estado mediante Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica, había establecido un cupo de 600 MW para instalaciones de tecnología eólica ubicadas en Canarias, que se debían de beneficiar de un régimen retributivo propio (El previsto en el Real Decreto 661/2007).
En cuarto lugar, ninguno de los argumentos recogidos en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 1/2012, para la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir fuentes de energía renovables, son extrapolables a la realidad canaria.
La producción de electricidad en régimen ordinario en Canarias tiene un coste muy superior al peninsular; la producción de electricidad en Canarias con energías renovables tiene un coste muy inferior a la producida en régimen ordinario; la supresión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos llevada a cabo por el Real Decreto Ley 1/2012, llevará consigo la interrupción de la inversión en energías renovables y el aumento de la producción en régimen especial que en Canarias (que no en la península) presenta una retribución muy ventajosa; y la producción en régimen especial de electricidad en Canarias debe disponer de un régimen económico propio.
Algunos datos consecuencia de la puesta en marcha de esta moratoria indefinida son que afectará en toda España a cerca de 50.000 empleos directos, de los cuales se perderían 5.000 en Canarias.
La supresión de las primas a renovables significa, además, mantener casi en exclusiva nuestra dependencia del uso de combustibles fósiles, lo que retrasara el objetivo previsto en el Plan Energético de Canarias (PECAN) de alcanzar el 30% de generación con renovables en 2015.
Por todo ello, volvimos a pedir un trato diferenciado al sistema eléctrico canario.