Ayer votamos en contra de la propuesta, acordada por los grupos políticos de NC y PP, para la modificación parcial de la Ley 2/2013, de 29 de mayo de Renovación y Modernización Turística, por varias razones. Entre ellas, porque se pretende duplicar la construcción de hoteles de cuatro estrellas en suelo nuevo. Esta iniciativa permitiría construir hoteles de cuatro estrellas en suelo nuevo, hasta un límite máximo del 40% de la totalidad de las plazas alojativas turísticas registradas legalmente en Gran Canaria, es decir, 138.426. El 40% serían 55.370 plazas alojativas, lo que significaría duplicar el número actual existente en suelo nuevo en Gran Canaria.
Por tanto, en base a esta propuesta del PP, se podrían construir 29.858 camas en hoteles de cuatro estrellas en suelo nuevo, sin contar con las plazas alojativas de 4 estrellas que provengan de la renovación. Y se establece un límite anual de crecimiento del 4% de las plazas alojativas turísticas registradas, es decir 138.426. Lo que supone que el 4% de las plazas registradas ascendería a 5.537 plazas alojativas al año. Con lo cual, hasta dentro de tres años, que es cuando pretende el PP evaluar los efectos de la ley, tenemos que en Gran Canaria se podrán construir, como mínimo, 16.611 camas en nuevo suelo, sin contar con las plazas alojativas de 4 estrellas que vengan de la rehabilitación.
Si eso fuera así, si a las 25.512 plazas hoteleras cuatro estrellas existentes en Gran Canaria le añadimos las 16.611, tenemos que en tres años Gran Canaria estaría en 42.123 plazas hoteleras, sin contar con las que provengan de renovación. Por tanto, y con estos datos delante, vemos claramente que la intención del PP es duplicar la construcción de hoteles de cuatro estrellas. Los datos hablan por sí mismos y los proponentes -PP y NC- sabrán lo que han propuesto, pero desde luego conjugar criterios de libre mercado con criterios seudo progresistas puede tener efectos perversos.
Los socialistas en el Cabildo de Gran Canaria mantenemos desde el principio una postura firme, que se sustenta en no consumir más suelo en Gran Canaria, y en caso de hacerse, debe estar ligado a la calidad, con la construcción de hoteles de cinco estrellas o renovando la planta alojativa obsoleto.
Por otro lado, resulta sorprendente que el PP haga justo lo contrario de lo que promulga en, por ejemplo, el panfleto de la campaña de Bravo, que, por cierto, ha costado a tod@s l@s grancanari@s la friolera de casi 100.000 euros. En este documento se dice literalmente que «Juntos decimos que no a una Ley de Turismo que perjudica claramente los intereses de Gran Canaria y es contraria al avance y desarrollo de nuestro principal motor económico: el turismo, poniendo trabas a la generación de actividad y empleo en nuestra isla». Realmente, Bravo de Laguna ha hecho justo eso, poner trabas, ya que por su culpa más de 150 millones de euros en inversiones turísticas en Gran Canaria están paralizados.
En segundo lugar, tampoco oigo a nadie poner el grito en el cielo por los más de 15 expedientes de solicitudes de licencias para la renovación de plazas alojativas de cuatro estrellas en hoteles y tres estrellas en apartamentos, paralizadas en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Estamos hablando de un número importantísimo de plazas alojativas provenientes de renovación, que están a la espera de una decisión administrativa y de importantes inversiones que, sin duda, contribuirían a generar empleo en la isla. Y de eso tampoco dicen nada. En total, más de 150 millones de euros perdidos en inversiones turísticas en el sur de la Isla por culpa de la pésima gestión del PP.
Por otro lado, los socialistas criticamos que el PP trate de modificar una ley que hace apenas cuatro meses que ha entrado en vigor, casi sin posibilidad apenas de desplegar sus efectos. Consideramos que es necesario realizar una evaluación de los efectos de esta nueva Ley.
También hemos puesto en tela de juicio la tabla de datos utilizada por el PP para sustentar su propuesta basada en plazas alojativas en Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote, una tabla que se aproxima a la realidad, pero que no lo es para ninguna de las islas, no sólo para Tenerife, como dice sesgadamente el informe, sino también para Gran Canaria, porque estamos ante datos del 2011; porque en Gran Canaria no se han incluido las actuaciones realizadas desde entonces y algunas hay, se los aseguro. Es incomprensible la opacidad a la hora de saber la realidad Alojativa de Canarias y de Gran Canaria.
Además, esta iniciativa nada dice acerca de cómo se va a gestionar el límite anual del 4%, ¿quién se va a hacer con la autorización previa para las 5.537 camas anuales? ¿Quien primero llegue? ¿Quien me caiga mejor? Creo que es bastante discutible y, desde luego, va a crear una inseguridad jurídica y para lo que esta iniciativa no establece procedimiento alguno.
No podemos olvidar que gran parte de los mejores suelos turísticos en Gran Canaria están ocupados por infraestructuras hoteleras y extra hoteleras obsoletas. Si hasta ahora ha sido complicada la renovación, con esta iniciativa del PP puede que se haga imposible.
Consideramos que NC y el PP han perdido la oportunidad de liderar este mismo proceso cuando la ley estaba en tramitación parlamentaria. Además, esta iniciativa es el resultado del fracaso de la política de confrontación que viene realizando el Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Una confrontación estéril, inútil que ha tenido muchos episodios y que, al menos hasta ahora, tiene su cenit en la campaña sufragada con dinero público de Gran Canaria.
Es la primera vez que desde el Cabildo se propone que se legisle sólo para Gran Canaria. Esta iniciativa se descuelga del resto de las islas y ciertamente, no me gusta. Sigo concibiendo a Canarias como un todo, como una suma y no como una isla dentro del resto. Creemos que así no se construye ni isla ni región. La confrontación es una mala compañera de viaje y sólo desde el entendimiento, el diálogo y la cooperación seremos capaces de superar las dificultades y los retos que Gran Canaria tiene por delante.
Por último, creo que es intolerable, inadmisible e incomprensible que ante una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de España a través de su Ministro de Turismo, de todos conocido, amenace con un recurso de inconstitucionalidad, porque no le gusta la ley.
En definitiva, los socialistas en el Cabildo de Gran Canaria consideramos que la propuesta del PP y NC no responde a las necesidades de Gran Canaria y que es necesario que la Ley de Renovación y Modernización Turística despliegue sus efectos, tal y como ha planteado la PNL aprobada en el Parlamento de Canarias a instancia de PSOE y CC. El Gobierno de Canarias ha de aprobar con carácter de urgencia el reglamento que la desarrolle y hacer una evaluación antes de que acabe la presente legislatura que permita conocer los efectos de la ley de cara a las modificaciones que resulten necesarias.
Si bien todo es mejorable, la ley de renovación y modernización turística es una apuesta clara y decidida por la renovación de nuestra planta alojativa obsoleta. Si bien en su momento la moratoria cumplió un papel esencial en Canarias para poner freno a un crecimiento ilimitado de consumo del territorio ligado al turismo, ahora son otros tiempos y que, si antes era importante la renovación, ahora lo es más que nunca.