Arriba a la izquierda, algunos ecologistas en el Pleno Extraordinario de marzo

(Artículo publicado ayer en la edición impresa del Canarias7)

Ni tan siquiera quienes votaron al PP podían imaginar las consecuencias tan nefastas que para Canarias iba a suponer el depósito de la confianza que otorgó la ciudadanía. En escasos meses de gobierno, nos ha mostrado sus verdaderas intenciones y su programa oculto.

Hablar de prospecciones petrolíferas en Canarias es hablar, desde hace más de una década, de imposiciones y desprecio del PP. Es preciso recordar que fue en el año 2001, cuando el gobierno de Aznar, sin tener en cuenta a las instituciones canarias, aprobó el Real Decreto 1462/2001, por el que eran concedidos los nueve permisos de investigación de hidrocarburos, en el océano Atlántico frente a las costas de las islas Fuerteventura y Lanzarote.  

La autorización concedida otorgaba a Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A permisos por un período de seis años, pudiendo distinguirse dos fases en esas autorizaciones: una inicial de obtención de datos, sísmicos principalmente y que se corresponde con los dos primeros años; y una segunda fase, durante los cuatro siguientes, de realización de labores de perforación del subsuelo marino, con la autorización de dos pozos de petróleo.

 Dicho Real Decreto (RD) fue recurrido por el Cabildo de Lanzarote y la Agrupación Insular del Partido Socialista Canario en Lanzarote ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia anuló los compromisos y programas de investigación correspondientes a los años tercero a sexto, por no haberse determinado expresamente las medidas de protección ambiental y por tanto, consideró no ajustado a Derecho el RD.

Ahora, once años después, con un Gobierno nuevamente del PP, el Consejo de Ministro, con José Manuel Soria enarbolando esta bandera petrolífera, ha impuesto -literalmente: ha impuesto- en Canarias las prospecciones petrolíferas, mediante la convalidación del mismo Real Decreto que anuló el Tribunal Supremo y con efectos retroactivos al momento en que se dictó el anterior, sin tener en cuenta que:

 1) Desde el año 2001 hasta ahora, el marco jurídico y las circunstancias han variado considerablemente. Así, la Ley de Hidrocarburos se modificó en el 2007, acto tras el cual  el Gobierno de Canarias tiene planteado un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, siendo curiosamente el señor Soria quien encabezó este recurso por injerencia en las competencias autonómicas. Recordemos que también fue aprobada la Ley 44/2010, de Aguas Canarias.

2) La isla Lanzarote ha sido declarada Reserva de la Biosfera.

3) Se localizan en esas zonas importantes poblaciones de especies vegetales y animales marinos protegidos por directivas europeas.

4) Canarias ha sido declarada Zona Marina de Especial Sensibilidad (ZMES), por la Organización Marítima Internacional.

5) Sigue sin establecerse en el Real Decreto convalidado las previsiones acerca de la gestión de residuos sólidos y líquidos, plan de contingencia-monitoreo y previsiones de restauración.

6) Las repercusiones sobre la principal actividad económica de Canarias: el turismo. Así, la Federación Internacional de Touroperadores ha advertido del riesgo que puede representar para el turismo este tipo de actividades y TUI, el mayor operador turístico europeo, expresó su rechazo a que se autoricen prospecciones petrolíferas frente a Fuerteventura y Lanzarote y advirtió del daño que ocasionaría un vertido a Canarias, cuyo nombre quedaría «asociado para siempre al petróleo».

Es preciso decir que el Real Decreto convalidado por el Consejo de Ministros es igual al que el Tribunal Supremo anuló, al margen que, desde el punto de vista jurídico, la convalidación sólo puede alcanzar la subsanación de la deficiencia detectada y este Real Decreto va más allá, pues introduce modificaciones que podrían considerarse sustanciales, como es que el RD anulado sólo preveía la exploración de 2 pozos y éste contempla al menos 2, lo que podría ser un numero ilimitado.

Además, al recurrir a la convalidación cuando menos cuestionable y cuestionada, al exceder de su marco de subsanación e incluir cuestiones nuevas que han de seguir los trámites procedimentales, se excluye la libre concurrencia y se otorga a dedo a Repsol y se elude la aplicación de la nueva normativa europea. Esa es la única razón de las prisas y la precipitación del PP: favorecer a una empresa privada de la aplicación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro que endurece las exigencias de seguridad y medioambientales .

Y siendo todo lo hasta ahora dicho importante, hay algo igual de trascendente: el Gobierno de Rajoy, con el abanderado Soria, nos ha impuesto las prospecciones petrolíferas, no ya sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo, no ya sin tener en cuenta los cambios sustanciales y jurídicos expuestos, no ya sin tener en cuenta las normas medioambientales aplicables, no ya sin tener  en cuenta los trámites procedimentales,  sino haciendo un olímpico desprecio a la ciudadanía canaria, a su Gobierno y a sus Cabildos y con una desconsideración ciertamente reprobable, pues ese es el calificativo que merecen las palabras y los hechos de Soria al afirmar que no le preocupa la reacción de las instituciones canarias.

El Gobierno del presidente Rajoy y del ministro Soria actúa  sin estimar los principios constitucionales de cooperación, colaboración y máximo respeto a los distintos territorios que conforman la España plural y autonómica. Es decir, gobiernan desde el desprecio más absoluto a la realidad canaria, con nuestras potencialidades de sol y viento, a nuestra principal fuente de ingresos como es el turismo, a la normativa aplicable y a la autonomía consagrada constitucionalmente.

Con imposiciones no se gobierna, sólo se confronta. Para cualquier asunto, pero para éste especialmente, se precisa consenso entre todas las instituciones e información veraz y transparente a la ciudadanía. Pero ya sabemos lo que le importa al PP el consenso; y Canarias, nada.

Las reacciones a las PP-prospecciones han comenzado: las Instituciones han anunciado los correspondientes recursos jurídicos, la ciudadanía ha convocado movilizaciones, los plenos de los Ayuntamientos y Cabildos se pronunciarán. Nos espera un largo y duro camino de protesta pacífica y resistencia a los atropellos de la derecha. Pero no tengo dudas: ganará Canarias, ganará el NO a las prospecciones petrolíferas.

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