Canarias, regiones fronterizas y migraciones

Hace alrededor de una semana se celebró en Estrasburgo la 32ª sesión del Congreso de los Poderes Locales y Regionales, foro al que acudí invitada por el Consejo de Europa en calidad de presidenta del Parlamento de Canarias y como coordinadora del grupo de trabajo de Movimientos Migratorios y Derechos Humanos de la CALRE. El Consejo, institución que ha abanderado históricamente los ideales de la integración europea, quería conocer el relato y la experiencia en materia de migraciones de España y Canarias, un trabajo compartido que convirtió a esta comunidad autónoma en un referente de buenas prácticas en la respuesta a crisis migratorias.

Para ello, se nos llamó a participar en un debate sobre el papel de las regiones fronterizas frente a los flujos migratorios, un asunto sobre el que, como adivinarán, tenemos mucho que contar.

Decía Tucídides que la “historia es un incesante volver a empezar”. Efectivamente, el fenómeno migratorio marca la pauta y los países van a remolque de esa pauta dictada por los flujos migratorios. Hace aproximadamente una década, Canarias, una región situada a escasos kilómetros del continente africano, recibió una importante oleada de flujos migratorios de origen económico, procedentes principalmente del Magreb y de África occidental. Llegaban por miles a nuestras islas, en unas pequeñas embarcaciones llamadas ‘cayucos’. Aprendimos mucho en aquellos años, en aquel difícil contexto. Ahora, todo lo que vivimos entonces  puede servir, a nuestro juicio, para superar situaciones similares que están teniendo lugar en otros territorios, especialmente en el Mediterráneo.

En aquella época aprendimos que las personas nunca son el problema, pues casi siempre son víctimas de una situación que otros han creado. El problema pueden ser los recursos, la organización, los espacios y tiempos. Por eso, salvar vidas debe tener prioridad sobre la gestión de las fronteras. Aprendimos a compartir una visión de la situación a través de la mirada de  distintos agentes. Comprendimos que la situación creada en Canarias era la consecuencia local de un problema global llamado desigualdad, violencia o conculcación de derechos, provocado por la ausencia de un modelo de gobernanza global que lograra ordenar los movimientos migratorios.

Aprendimos también que teníamos que actuar en diferentes niveles y en cada uno de ellos con acciones específicas: no había una respuesta única y la dinámica de cada situación marca el ritmo de las acciones. Aprendimos, por tanto, que era necesario crear un modelo de actuación compartida entre distintas administraciones públicas y entidades privadas, pues ningún agente disponía de todos los recursos necesarios.

Las personas nunca son el problema, pues casi siempre son víctimas de una situación que otros han creado. El problema pueden ser los recursos, la organización, los espacios y tiempos. Por eso, salvar vidas debe tener prioridad sobre la gestión de las fronteras.

En el camino hacia ese aprendizaje fueron fundamentales las acciones que pusimos en marcha para hacer frente a los retos que teníamos por delante. Salvar vidas era nuestro objetivo prioritario, no solo para quienes llegaban a nuestras costas, sino para los que se encontraban en alta mar. Salíamos a buscarlos para impedir que naufragaran. Con esta finalidad, implantamos el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), con radares por toda la costa de llegada. Entre los años 2006 y 2009, aumentamos el número de embarcaciones destinadas a salvar vidas con un ambicioso plan del Ministerio de Fomento, dotado con 1.022 millones de euros.

Asimismo, en ese periodo, firmamos acuerdos con Cruz Roja para la atención a los inmigrantes a pie de playa, por importe 22 millones de euros. Mientras tanto, desde los centros de salud del Gobierno de Canarias nos encargábamos de atender a las personas que necesitaban asistencia médica. Entonces, los inmigrantes eran reseñados por Policía Nacional e ingresaban en centros de internamiento (CIE), en los que podían permanecer un máximo de 40 días. Si en ese tiempo eran reconocidos por sus países como sus nacionales, se procedía a su repatriación. De esta manera, más de un 80 por ciento de los inmigrantes fue devuelto a sus naciones de origen.

La coordinación y el trabajo conjunto con los países de origen y de tránsito de la inmigración fueron fundamentales. Firmamos convenios con las policías y gendarmerías para impedir que salieran los ‘cayucos’ de sus costas, actuando así contra las mafias que traficaban con inmigrantes. Los suscribimos con Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Mali, Ghana, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial y Gambia.

 

Por otra parte, aprobamos el Plan África, una actuación global en el continente a través de una profunda puesta al día de los fundamentos y medios de acción de la política exterior y de la diplomacia. Este plan supuso un potente impulso político del Gobierno de España para situar a la región subsahariana en el plano de importancia y prioridad, algo necesario dada nuestra proximidad geográfica. En Canarias, en esta misma línea, creamos Casa África, aún hoy una herramienta excepcional de la diplomacia española.

Estarsburgo

La cooperación al desarrollo tuvo también un papel relevante. Abordamos la búsqueda de una estrategia regional coherente que pudiera ayudar a abordar factores de empuje y atracción en la raíz de la crisis. Entendimos que o actuábamos en origen o solo estaríamos poniendo parches en vez de dar con una solución a largo plazo. Así, entre los años 2004 y 2008, la ayuda oficial al desarrollo de España pasó de 1.985 a 5.509 millones de euros. Esto es, de un 0,23 por ciento de la renta nacional bruta se pasó a un 0,41.

En el ámbito de la seguridad, potenciamos las unidades especializadas en la lucha contra la inmigración, llevamos a cabo un inventario de los medios de inteligencia e investigación disponibles para prevenir y perseguir los delitos relacionados con la inmigración irregular. Estos fueron incrementados, igual que los medios técnicos y humanos en los controles fronterizos, ámbito en el que jugó un papel especial el establecimiento de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Por supuesto, tuvimos que adecuar los medios disponibles para la repatriación y retorno de extranjeros, pusimos en marcha campañas informativas y de sensibilización sobre los riesgos de la inmigración irregular en los países de origen y de tránsito. Teníamos claro que si los migrantes debían retroceder a su punto de partida como repatriados, tenían que existir los mecanismos para garantizar el respeto a sus derechos. Mientras tanto, entendimos que aquí, en España y en Canarias, teníamos que construir un proceso social para que la integración fuera una realidad desde el encuentro, la concertación y el diálogo. Con esta finalidad pusimos en marcha el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración y varios planes conjuntos entre el Gobierno autonómico y el Estado. Gobierno de España y Gobierno de Canarias hicimos un esfuerzo común para afrontar de manera coordinada la presión migratoria que llegaba a Canarias y para favorecer, al mismo tiempo, la integración social.

Todo lo relatado fue posible porque comprendimos que el fenómeno estaba adquiriendo una nueva dimensión, por lo que el Gobierno de España decidió actuar. Ya no valían las medidas aisladas, sino que era necesario abordar todas las acciones que se llevaron a cabo como un asunto de Estado, con la implicación del Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, con un liderazgo comprometido y la coordinación de todas las partes interesadas. Y lo más importante: la implicación de Europa. La llegada de personas a nuestras costas no era sólo un asunto de España, sino de toda la Unión Europea. Éstas fueron las claves imprescindibles para articular las respuestas que el fenómeno migratorio precisaba a corto, medio y largo plazo.

No tengo ninguna duda: si el siglo XX fue el siglo de la revolución tecnológica, este siglo XXI es el del hecho migratorio. Y esto va a ir a más, porque las desigualdades no paran de crecer. Si algo hemos aprendido, es la necesidad de una implicación y una respuesta conjunta de Europa y sus regiones a la crisis migratoria, a la “crisis de humanidad” que refería Zygmunt Bauman. Europa, como espacio compartido de ideas y valores, debe dar respuesta a estos desafíos con recursos, sensibilización, determinación y actuación en origen.