Hemos criticado duramente la decisión del grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria de aprobar en el Pleno de ayer un convenio por el que la corporación aportaría financiación para determinados centros de mayores de 65 años de alto requerimiento en Gran Canaria, excepto para los ubicados en dos municipios, los de Agüimes y Gáldar, en los que gracias al gran esfuerzo de los dos ayuntamientos siguen abiertos estos necesarios centros.
No estamos en contra de que se amplíen nuevas plazas, pero creemos que hay que consolidar las que ya tenemos. Lo que pedimos desde el PSC-PSOE es que haya un reparto equitativo de los fondos, sobre todo teniendo en cuenta las plazas ya consolidados.
«El sesgo político que se aprecia a la hora de crear nuevas plazas en determinados centros es evidente. Residencias como las de Agüimes o Gáldar están planteándose cerrar porque no tienen dinero para hacer frente a los pagos”, ha asegurado nuestra consejera socialista a través de un comunicado en el día de hoy.
El PSC-PSOE en el Cabildo de Gran Canaria se pregunta ¿Por qué no se financian aquellas plazas ya consolidadas, como las de Gáldar o Agüimes, que sobreviven con la importante aportación de los ayuntamientos, un esfuerzo que no les toca? ¿Por qué no apoyamos eso y luego ya ampliamos plazas en otros lugares? ¿Por qué ese trato discriminatorio? Sencillamente, por color político. «En cambio, sí se da dinero a las residencias de Guía, qué casualidad que sea de allí el Sr. Fernando Bañolas, y además, a las de Mogán e Ingenio, qué casualidad que gobierne en estos municipios el PP. Esto es un sesgo político puro y duro», critica Guerra.
Según el informe del interventor del Cabildo de Gran Canaria, referente al convenio suscrito y aprobado con los votos a favor del PP y CC, y con la abstención del PSOE y NC, tenemos un desfase presupuestario que tiene que asumir el Cabildo, en principio, por valor de 676.418,21 euros. Las aportaciones máximas que se prevén para el ejercicio de 2011 por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma es, por parte de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, de 7.355.511 euros, y por parte de la Consejería de Sanidad del SCS, 5.439.478,79 euros. Y reza el informe del interventor, que “siendo un convenio entre dos Administraciones Públicas, sólo figue la cantidad máxima a aportar por una de ellas, la de la Comunidad Autónoma y no se fije en el convenio la aportación del Cabildo de Gran Canaria ni la de los propios usuarios”.
Los centros que han obtenido financiación a través de este convenio son el Centro de Día de Ingenio (93.982 euros), el de Mogán (391.592 euros); el de Guía (672.768 euros) y otros concertados que tienen que ver con el Plan de Mayores (2.461.538 euros).
Además, este informe asegura que los costes podrían ser insuficientes siempre y cuando la adjudicación de los contratos cuyas plazas están por licitar esté por debajo de los precios de licitación y asimismo, que no se pongan en funcionamiento el 100% de las plazas del convenio. Este informe viene a decirnos que ojalá no se gaste el 100%. Eso es inaudito.
Por otro lado, la intervención dice que la cantidad de la Consejería de Sanidad se aminora. Esto que se nos presenta –criticó públicamente Guerra durante el Pleno de ayer- es un documento en blanco. ¿Eso donde se ha visto? Es muy grave”. Guerra cuestionó, en este sentido, que se planteara por parte del grupo de gobierno como asunto de urgencia: “Deberíamos dejarlo encima de la mesa y considerar que la urgencia no es tan urgencia. Esto tiene consecuencias y gravísimas”. Pero se nos ninguneó a nosotros también, ya que decidieron aprobar este convenio pese a la abstención de la oposición.