Rajoy premia el endeudamiento en Gran Canaria y castiga a los parados, dependientes y empleados públicos al aprobarse en el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes el mayor recorte de la historia de España para los bolsillos de los ciudadanos en muchas décadas.
Me refiero, claro está, a la autorización del endeudamiento del Cabildo de Gran Canaria por 48,3 millones de euros mediante la emisión de deuda para materializar fondos de la RIC. Sin conocer los detalles de la operación, ni las condiciones impuestas por parte del Gobierno central al insular que, según declaraciones del propio Presidente del Cabildo, han sido duras, resulta a todas luces complicado tener una composición de lugar completa de los términos de este acuerdo. Pero, en cualquier caso, sí podemos sacar las primeras conclusiones.
Ya habíamos advertido que ese endeudamiento, enmarcado en un Plan Económico Financiero que plantea endeudar la institución en 150 millones de euros en tres años (del que estos 48,3 son el primer paquete), era injusto, innecesario y arriesgado.
Este endeudamiento es injusto, porque el esfuerzo realizado por el Gobierno Socialista del mandato anterior, para sanear las arcas insulares se tiran al cubo de la basura, estableciendo un periodo de carencia del pago de la deuda de tres años, con lo que el grueso del pago lo sufrirán gobiernos futuros, y la liquidez para gastar la «disfruta» éste. Injusto porque, sobre todo, entenderemos la perplejidad de los trabajadores de una institución que se endeuda para pagar infraestructuras (algunas de dudosa utilidad pública, como la sede de la UD Las Palmas) al mismo tiempo que se les quita la paga de Navidad. La señora Rosa Rodríguez dijo que tenían suficientes recursos para no necesitar bajar sueldos. Que cumpla su palabra.
Este endeudamiento es innecesario, porque la institución dispone de una situación saneada y con recursos propios, a pesar de los recortes, para hacer las inversiones. Sólo necesitaba tirar de los más de 50 millones de euros de remanentes disponibles este año para, con esos recursos ociosos, financiar las infraestructuras estratégicas sin poner en peligro la caja de los grancanarios y grancanarias en el futuro. Así lo hicimos en el gobierno anterior los socialistas. No dejamos de invertir al tiempo que saneamos una institución en plena crisis económica. Además, si se pretendía ir al endeudamiento, que podía ser legítimo, desde luego, la cantidad, que doblaba las pretensiones de endeudamiento del año anterior era, y es, totalmente desproporcionada.
Y, por último, es arriesgado, porque hacían caminar al Cabildo por una línea roja muy fina que, la pasada semana, reconoció el propio Presidente del Cabildo. Si no hubieran aceptado el endeudamiento, y dado que este gobierno insular ya estaba gastando los recursos de los que aún no disponía, hubieran caído en una situación muy delicada, que les hubiera obligado a recortar en las partidas no ejecutadas que, en el grueso, son de las áreas de Servicios Sociales. Pero esto sólo ocurría por el presupuesto irreal aprobado por el PP este año y la irresponsable manera de gastar, sin pensar en los recortes (aumentando, sobre todo, partidas de representación, publicidad y propaganda).
Pero esto no es óbice para que mostremos nuestra perplejidad ante la aceptación de un endeudamiento que, en las mismas condiciones, esto es, vía RIC, pero por la mitad de la cantidad, fue rechazado por el Ministerio el año pasado, argumentando, como elemento fundamental, que difícilmente se puede financiar deuda pública con beneficios empresariales que se han aprovechado de una importante rebaja fiscal y, encima, les paguemos con intereses procedentes de la deuda pública. Si ese argumento era válido hace un año, por qué un año después, y en una situación económica peor, es válido justo lo contrario.
Es, cuanto menos, llamativo que haya tenido que ser el Consejo de Ministros en Pleno el que haya tenido que tomar la decisión, demostrando que lo que tenía que ser una resolución ministerial que, técnicamente, y con la que está cayendo, tenía que ser negativa, ha sido tomada por el Gobierno como una decisión política totalmente contradictoria con las decisiones tomadas ese mismo día.
Mientras la Administración del Estado aumentaba un punto sus previsiones a un año, y tras comunicar a las Comunidades Autónomas que no importaba haber cumplido con las exigencias de déficit impuestas manu militari por el gobierno central, y que tenían que volver a modificar el límite de déficit del 1,3 % al 0,7 %, el Estado ha permitido a una administración como la del Cabido Insular de Gran Canaria incrementar su déficit y su deuda a largo plazo.
Es decir, las administraciones que soportan el gasto en Educación y Sanidad deben recortar, pero un Cabildo que se endeuda fundamentalmente para pagar obras de mantenimiento de infraestructuras viales, no para gasto social, puede gastar más. Ésas son las prioridades del gobierno de Rajoy. Inaudito.
Si bien los socialistas nos alegramos de que, inicialmente, parece que el Gobierno insular ha salvado los muebles ‘in extremis’, cuando no era necesario meternos en este berenjenal. Estaremos expectantes ante la letra pequeña de la decisión, que exigiremos conocer, así como los plazos que tiene previsto el Cabildo para la emisión de dicha deuda, dado que la irresponsable política de gasto del gobierno insular está llevando a la institución a un problema de liquidez que ya advertimos y que la consejera de Hacienda ya reconoce, por gastar lo que sabían que aún no tenían.
A los socialistas no nos van a tener de cómplices de esta ruleta de gastos, que no priorizan las carencias de los más desfavorecidos, y que colman las necesidades de propaganda y boato del gobierno del señor Bravo de Laguna.